Luego de cerrar 25 sucursales y despedir a 150 empleados, la cadena de panaderías Pandanés pidió la quiebra, alegando una sostenida caída del consumo, el sobredimensionamiento de su estructura y el constante incremento de los costos. Sin embargo, la Justicia rechazó la solicitud y ordenó iniciar un procedimiento de salvataje empresario, con el objetivo de encontrar una alternativa que permita evitar la liquidación de la compañía. Mientras tanto, los trabajadores siguen sin respuestas.
La decisión fue adoptada por el juez Pablo Frick, a cargo del Juzgado Comercial N.º 15, quien dispuso la apertura de un registro por cinco días para que los acreedores, eventuales cooperativas y otros terceros interesados puedan inscribirse con el propósito de adquirir las cuotas sociales de la firma y formular propuestas de acuerdo preventivo.
El magistrado argumentó que el salvataje, previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, constituye una instancia que debe agotarse antes de avanzar hacia la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales.
Por otro lado, la sindicatura advirtió que Pandanés no había acreditado el pago de los aportes y contribuciones correspondientes a la obra social, la ART y el seguro de vida de sus empleados entre marzo y julio de 2026, por lo que intimó a la empresa a regularizar la situación.
Al presentar el pedido de quiebra, la compañía apuntó que desde la segunda mitad de 2023 comenzó a atravesar una "difícil y profunda" crisis económica y financiera, que derivó en el estado de cesación de pagos en octubre de 2025.
En ese contexto, recurrió al concurso preventivo para reestructurar sus pasivos, que rondaban los $1.200 millones, y garantizar la continuidad del negocio.
La firma aseguró que durante el proceso desplegó una serie de medidas correctivas: optimización de costos, renegociación de los contratos de alquiler, cambio de proveedores, ampliación del surtido de productos, acuerdos con la autoridad fiscal, reorganización operativa y cierre de los locales cuya explotación no resultaba sostenible.
Pero, según consta en el documento judicial, "aquellas expectativas se vieron frustradas", debido a que "diversos factores económicos han incidido de manera negativa".
Entre ellos mencionan una caída del consumo que supera el 50% del volumen histórico de la empresa. La situación no resulta aislada: el sector de la panificación enfrenta una "crisis profunda y estructural", con el cierre masivo de establecimientos y una retracción generalizada de la demanda.
A eso se suma el sobredimensionamiento de su planta industrial, de 1.778,29 m2. Fue inaugurada en noviembre de 2022, en pleno crecimiento del negocio, y estaba pensada para abastecer hasta 50 locales propios.
El cierre de sucursales y el retroceso de las ventas dejaron una capacidad instalada superior a la necesaria, al tiempo que los costos fijos de alquiler, energía, mantenimiento, estructura y personal se mantuvieron.
Otro factor es el aumento constante de los costos. Destacan la suba de insumos esenciales, en especial la harina, afectada por el alza internacional del precio de los granos, así como el encarecimiento de los servicios y los salarios, que se actualizan por paritarias. Se agrega el elevado costo financiero y la imposibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito. Afirman que los ajustes no pudieron trasladarse a los precios sin perder aún más clientes.
Todo ello "provocó un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos de la Sociedad", indicó Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, en el escrito.
En paralelo, los trabajadores, que fueron desvinculados a través de un mensaje de WhatsApp durante la madrugada del viernes pasado, todavía no recibieron los telegramas formales de despido y esperan poder retirar sus pertenencias de los locales, a los que no pueden ingresar porque cambiaron las cerraduras.
"Tienen secuestradas nuestras cosas y lo único que nos dijeron los encargados es 'hablen con el sindicato'", contó uno de los trabajadores a este medio. "Los dueños no contestan ni los mensajes ni las llamadas", añadió.
Daniel Rodríguez, secretario de Organización de la UPPA (Unión Personal de Panaderías y Afines de la Capital Federal), remarcó: "Se quedaron hasta con las propinas".
El martes pasado, la Secretaría de Trabajo porteña convocó a una audiencia a la que la parte empresaria no asistió. En este marco, desde el gremio señalaron que a los empleados solo les queda iniciar reclamos individuales para intentar cobrar sus indemnizaciones.
