Un nuevo escándalo de corrupción se destapó en la provincia de Chubut que involucra a la hermana del presidente del PJ local. La acusación del Ministerio Público Fiscal apuntó contra cinco mujeres por 594 estafas que alcanzaron los $59,4 millones con la promesa de la construcción de viviendas sociales para familias en estado de vulnerabilidad.
En esa línea, la principal apuntada es Vanesa Fita, hermana del dirigente y diputado provincial, Gustavo Fita. Según consta en la acusación del fiscal general Martín Cárcamo a la que accedió Infobae, los hechos se habrían producido entre abril de 2023 y febrero de 2024, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se ofrecían viviendas construidas o próximas a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a familias que necesitaban acceder a una solución habitacional.
Para acceder a los presuntos planes, las familias debían transferir $100.000, distribuidos en dos partes: $80.000 destinados presuntamente al IPV y $20.000 para conexiones eléctricas. Sin embargo, el dinero era depositado en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas.
La investigación sostiene que Fita simulaba actuar como intermediaria de una cooperativa de viviendas y aseguraba contar con vinculaciones con funcionarios provinciales que le permitirían gestionar las adjudicaciones. Una vez incorporadas, las familias eran añadidas a grupos de WhatsApp donde recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación requerida. Con el tiempo, esos plazos comenzaron a dilatarse: las acusadas invocaban problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV para justificar cada demora. También se organizaron encuentros presenciales en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo con la acusación, los hechos habrían iniciado durante la gestión del exgobernador chubutense y se extendieron hasta el mandato actual de Ignacio Torres. Una de las denunciantes, declaró que durante una reunión Vanesa Fita les aseguró que contaba con el respaldo del entonces gobernador Arcioni y su secretaria. Según ese relato, la acusada utilizaba esas supuestas vinculaciones para generar confianza entre las familias y justificar la entrega de viviendas en plazos breves.
La referencia forma parte de la prueba testimonial presentada por la Fiscalía, aunque no acredita que el exmandatario o su colaboradora hayan participado de la maniobra.
La investigación se inició en febrero de 2024 a partir de una denuncia presentada luego de que vecinos advirtieran irregularidades en las promesas de adjudicación. La Fiscalía reconstruyó el funcionamiento de la presunta organización a partir de esas denuncias, transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger, y documentación obtenida durante la pesquisa. A lo largo del proceso se formalizaron 179 denuncias penales y se identificaron centenares de maniobras fraudulentas.
Con la presentación de la acusación pública, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia la instancia de juicio por jurados. El requerimiento deberá atravesar el control judicial correspondiente antes de una eventual apertura del debate oral.
El requerimiento fiscal identifica a cinco mujeres de Comodoro Rivadavia como partícipes de la maniobra. La principal acusada es Vanesa Elizabeth Fita, de 43 años, a quien la Fiscalía atribuye la organización del esquema y señala como autora de los 594 hechos en su totalidad. Para ella se solicita una pena de entre seis y ocho años de prisión.
Las restantes cuatro son consideradas partícipes necesarias. María Victoria Curán, de 43 años, está vinculada a 400 de los hechos investigados, y la Fiscalía pide para ella entre cinco y seis años de prisión. Camila Lara Páez, de 22 años, aparece señalada en 320 hechos, con una pretensión punitiva de entre cuatro y cinco años. Lucía Lorena Miranda, de 47 años, está imputada en 130 de las maniobras, y el fiscal solicita entre tres y cuatro años de prisión. Por último, Gisela Belén Mansilla, de 34 años, es acusada de participar en cuatro hechos, con un pedido de entre uno y dos años de condena.
El fiscal Cárcamo calificó los hechos como estafa por calidad simulada e influencia mentida, en los términos de los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal, con al menos 594 hechos en concurso real. La figura apunta al engaño deliberado mediante la simulación de un rol ?intermediaria de una cooperativa? y la invocación de contactos con el poder para obtener un beneficio económico a costa de las víctimas.
